La Comisión Europea (CE) acaba de presentar su propuesta definitiva para que tanto la energía nuclear como algunas plantas de generación eléctrica a partir del gas sean consideradas inversiones “verdes”, una decisión muy polémica, que podrían bloquear tanto el Parlamento Europeo como los Estad miembros.
La CE ha llevado a cabo consultas antes de tomar la decisión, y los diferentes Estados han ido dando sus diferentes opiniones.
Y una cosa ha quedado muy clara, hay una profunda división entre los países europeos sobre este tema, y se han formado dos grupos antagónicos al respecto.
Esas dos fuentes de generación de energía, nuclear y gas, constan en la propuesta y se denominan taxonomía, que es un sistema que trata de separar las tecnologías sostenibles de las que no lo son, para poder guiar la financiación durante la transición ecológica.
La Comisión ha dictaminado que “hay un rol para las inversiones en gas y nuclear en la transición energética”, pero solo durante un cierto tiempo, y condicionado a que coadyuven a la descarbonización de la economía para mediados de este siglo.
En rueda de prensa, la comisaria de servicios financieros dijo: «Tenemos que abandonar cuanto antes las fuentes de energía altas en emisiones de carbono, como el carbón. Durante esta transición, esto podría significar aceptar soluciones imperfectas».
La Comisión propone que las centrales nucleares sean consideradas sostenibles con permiso de construcción antes de 2045, y las plantas de gas que emitan menos de 270 gramos de CO2 por KWh hasta 2031 o menos de 100 gramos en el conjunto de su vida útil.
La Comisión envió el 31 de Diciembre un primer borrador a los países, amén del Parlamento Europeo y a una plataforma de expertos, que aconseja a la Comisión Europea en el esbozo de esta catalogación de inversiones sostenibles, Bruselas ha incluido algunos «ajustes técnicos» menores, pero ha dejado inalterado el grueso de la propuesta.
Dicha plataforma rechazó en un informe presentado la semana pasada que la energía nuclear y el gas natural sean concebidas como verdes en los términos planteados por Bruselas y se mostraron «profundamente preocupados» por el impacto que pueda tener sobre el medio ambiente, una inquietud que comparten las organizaciones ecologistas.
El texto de la propuesta es muy polémico, llevándose discutiendo varios años en el seno de las instituciones comunitarias, y adopta la forma jurídica de «acto delegado», lo que implica que pasará a ser definitivo si en cuatro meses, ampliables a seis, no se reúne una mayoría de bloqueo.
Para ello sería necesario que se opongan el 72 % de los Estados miembros en el Consejo (20 países), que representen, a su vez, al menos el 65 % de la población de la UE, o que lo rechace la mitad del pleno de la Eurocámara (353 diputados).
Dinamarca, España, Austria y Luxemburgo forman el principal grupo de rechazo a esta propuesta de otorgar al gas y nuclear el mismo sello «verde» de las renovables, y tanto Austria como Luxemburgo han amenazado con llevar la norma ante el Tribunal de Justicia de la Unión Europea.
Francia lidera el bloque opuesto, que aboga por recurrir a la energía nuclear, que genera muy poco CO2, pero que comporta otros problemas, como los de la seguridad o los residuos radiactivos, secundado sorprendentemente por países como República Checa, Hungría o Finlandia.
Alemania se encuentra en un difícil y delicado punto intermedio, ya que aunque tampoco cree que la energía atómica deba considerarse sostenible – renunció a ella hace años – sí apuesta por el gas para transformarse en una economía descarbonizada para el 2050, ya que tiene previsto cerrar todas sus centrales para ese momento.
En definitiva, una decisión energética estratégica de primer orden, que va a seguir debatiéndose y creando muchas opiniones encontradas, pero de cuya aprobación o no, dependerá sin duda ninguna el futuro energético y la independencia – o no – geoestratégica europea.
