Es inminente un nuevo enfrentamiento entre el Gobierno y las compañías eléctricas por la subasta obligatoria de la energía marginal con la nuclear e hidroeléctrica.
La secretaria de Estado de Energía, Sara Aagesen, ha declarado en una entrevista hace unos días que el Gobierno tiene ya decidido relanzar las subastas de energía inframarginal.
El Ministerio pretende sacar estas subastas lo antes posible, incluso este mismo año. Aunque no pudo sacarlas durante el año pasado, tal y como rezaba el RDL (Real decreto ley) anunciado el pasado otoño, el Gobierno pretende ahora sacar esta subasta en la que se ponen en la palestra más de 15 TWh de electricidad procedente de tecnologías denominadas infra margínales, como la nuclear, la hidroeléctrica y la eólica, que ya ha dejado de percibir primas.
Esta medida que tiene por objetivo reducir la electricidad que va al ‘pool’, saldría únicamente de las centrales de las cuatro grandes eléctricas, Iberdrola, Endesa, Naturgy y EDP, las denominadas eléctricas dominantes.
Además solo pueden optar a ellas comercializadoras independientes y algunas industrias.
La secretaría Aagesen apuntaba en la entrevista que ya posee en sus manos el informe de la CNMC en el que calcula el precio de reserva, es decir, el precio mínimo que deben cobrar las cuatro eléctricas por esta energía sin entrar en pérdidas.
Es ahora cuando el Gobierno puede comenzar a armar el desarrollo normativo para sacar a la luz estas subastas que han generado polémica desde su anuncio.
Una polémica que se podría trasladar a los tribunales si las compañías eléctricas afectadas lo recurren. Y todo indica que así lo harán en defensa de sus derechos a proteger su negocio.
Según las compañías, no se puede obligarlas a vender una energía que en su amplia mayoría ya está vendida de manera bilateral. Si se hiciesen las subastas, no se incrementaría la contratación a plazo, sino que se quitaría la energía a unos clientes para dársela a otros, o lo que es lo mismo, los clientes que hoy compran esa energía se quedarían sin suministro por fuerza mayor.
Es como si se obligara a vender dos veces lo mismo, explican fuentes del mercado. De ser así, estarían obligando a las compañías a comprar en el mercado a precios elevados lo que ya tienen vendido a sus clientes a precios razonables, sustancialmente más bajos que lo que refleja actualmente el mercado mayorista.
Y aunque desde el Gobierno aseguran que le van a dar prioridad y agilidad a este asunto, será Bruselas quien tenga la última palabra.
Desde luego un asunto muy espinoso este, teniendo en cuenta además la volatilidad de la inclusión o no de las nucleares y el gas como energía “verdes”, cuya votación definitiva debe votarse a lo largo de este año en Bruselas, y que podría dar un vuelco muy significativo a toda esta problemática, ya que caso de aprobarse, los filtros de las tomas de decisiones serían diametralmente opuestos.
